La vigilancia denunciada en 2016
En una entrevista publicada en octubre de 2016, la abogada Karina Riquelme Viveros, del Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), relató distintos episodios de vigilancia. Según su testimonio, los había sufrido por parte de agentes de civil de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI). Estos ocurrieron mientras ejercía la defensa legal de comuneros mapuche procesados en causas judiciales de alta connotación pública.
Riquelme relató que en una ocasión, mientras trabajaba en el edificio de tribunales, un colega no vinculado al caso le advirtió que una persona la fotografiaba desde un vehículo. Una funcionaria del propio tribunal le indicó además que otra persona hacía lo mismo desde otro piso del edificio. Según su relato, verificó las patentes de los vehículos involucrados en el Registro Civil. Estas resultaron estar registradas a nombre del departamento de logística de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, respectivamente. En otro episodio, Riquelme se dirigía a presentar un recurso de protección junto al entonces consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), José Aylwin Oyarzun. Una persona bajó de un vehículo y le tomó una fotografía directamente. Ese hecho lo documentaron y lo presentaron como prueba, incluida una declaración jurada del propio Aylwin, aunque la corte desestimó ese recurso.
Trayectoria como abogada de causas mapuche
Riquelme nació en Temuco en 1981 y estudió Derecho en la Universidad Católica de Temuco. Desde 2010 formó parte, junto al abogado Sebastián Saavedra Cea, del equipo de defensa del denominado caso Luchsinger-Mackay: el incendio de 2013 que causó la muerte del matrimonio Werner Luchsinger y Vivian Mackay. Fue uno de los procesos de mayor connotación pública del conflicto mapuche en Chile, en el que se aplicó la Ley Antiterrorista contra varios de los acusados.
Vínculo con la Operación Huracán
Organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Front Line Defenders, documentaron en años posteriores episodios adicionales de seguimiento y hostigamiento contra Riquelme. Estos se extendieron durante al menos una década de su trabajo como abogada querellante y defensora en causas del conflicto mapuche, incluida su participación posterior como querellante en el caso conocido como Operación Huracán.
La Operación Huracán fue un operativo de 2017 que detuvo a dirigentes mapuche, entre ellos Héctor Llaitul, con pruebas de inteligencia policial. Una investigación periodística de CIPER Chile reveló en 2018 que esas pruebas habían sido fabricadas. Un tribunal declaró culpables a cinco ex-Carabineros y un civil en enero de 2026, con las penas dictadas en abril de ese año, y en el caso Riquelme actuó como una de las abogadas querellantes.
Un patrón que afectó a otros defensores
El fenómeno de vigilancia y fotografía de abogados defensores durante audiencias judiciales de causas mapuche fue descrito en esta entrevista de 2016. La organización Londres 38 y otras entidades de derechos humanos lo documentaron también. Lo describieron como un patrón que afectó a distintos profesionales del área en la región de la Araucanía durante la década de 2010.
Una investigación periodística posterior del medio Interferencia reconstruyó una década completa de seguimientos policiales contra Riquelme. Confirmó que el patrón de vigilancia descrito en esta entrevista de 2016 no fue un episodio aislado, sino una práctica sostenida en el tiempo por parte de agentes de Carabineros y la PDI contra su trabajo como abogada querellante. Documentó además nuevos episodios en años posteriores a esta entrevista.
Reconocimiento y continuidad de su trabajo
Riquelme ha continuado su trabajo de defensa de derechos humanos y territoriales más allá de las causas penales mapuche. Ha sido reconocida internacionalmente por organizaciones como Front Line Defenders por su labor como defensora de derechos humanos. También ha participado en instancias internacionales vinculadas a la defensa de los derechos de la naturaleza. En ese ámbito ha ampliado su trabajo desde la defensa penal hacia el litigio ambiental y territorial en el sur de Chile. Mantiene su base de trabajo en Temuco, desde donde continúa acompañando causas judiciales del conflicto mapuche.