La huelga de 100 días en la cárcel de Temuco
En septiembre de 2017, un grupo de presos políticos mapuche procesados en el denominado "Caso Iglesias" cumplió 100 días en huelga de hambre en la cárcel de Temuco. Un comunicado de apoyo describió sus condiciones de salud como graves. En solidaridad con su protesta se convocó una serie de acciones –cortes de tránsito, campañas públicas y acampadas frente al recinto penitenciario–.
Según ese comunicado, al momento de cumplirse los 100 días de huelga, los huelguistas llevaban ya un año y tres meses en prisión preventiva sin que su proceso judicial hubiera avanzado sustancialmente. Sus defensores atribuyeron esa demora a la aplicación de figuras procesales que, según denunciaron, vulneraban garantías judiciales básicas en el marco de la investigación conocida como Caso Iglesias.
Contraste con la respuesta al gremio de camioneros
El comunicado contrastó la falta de respuesta del Estado a las demandas de los huelguistas con la rapidez con la que, según denunció, el gobierno había atendido meses antes un petitorio del gremio de camioneros. Ese gremio, en conjunto con el sector forestal, había convocado a una movilización nacional para exigir medidas de seguridad y compensación económica. La demanda respondía a los ataques incendiarios que afectaban a su actividad en la Araucanía y regiones vecinas.
Qué es el Caso Iglesias
El "Caso Iglesias" al que se refiere este comunicado corresponde a una de las diversas investigaciones judiciales de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía. Investigó a comuneros mapuche vinculados a hechos de sabotaje e incendios contra la industria forestal. Este tipo de proceso generó, a lo largo de la década de 2010, denuncias recurrentes de organizaciones de derechos humanos sobre plazos de prisión preventiva extendidos. También denunciaron el uso de figuras procesales especiales –incluida en algunos casos la Ley Antiterrorista– contra comuneros mapuche procesados en la región.
Un patrón de huelgas de hambre mapuche
Las huelgas de hambre de presos políticos mapuche, como forma de protesta por las condiciones y duración de su prisión preventiva, se repitieron en numerosas ocasiones a lo largo de la década de 2010. Entre los episodios comparables estuvieron la huelga de más de cien días de los presos vinculados al caso Luchsinger-Mackay en 2016, y la del machi Celestino Córdova en años posteriores. Ese patrón reflejó tanto la prolongación de los procesos judiciales en estas causas como la falta persistente de mecanismos de diálogo directo entre los huelguistas y las autoridades de gobierno de turno.
La convocatoria a cortes de tránsito y acampadas frente a la cárcel de Temuco en apoyo a los huelguistas, mencionada en este comunicado, formó parte de un repertorio de movilización social. Organizaciones mapuche y de solidaridad lo utilizaron de forma recurrente durante huelgas de hambre de presos políticos a lo largo de la Araucanía en esos años.
Desenlace incierto y críticas a la fiscalía
Los registros públicos disponibles no detallan con precisión cuánto tiempo se extendió finalmente esta huelga de 100 días del Caso Iglesias, ni el resultado específico de las demandas judiciales de los huelguistas involucrados.
La Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía, responsable de investigaciones como el Caso Iglesias, es la unidad especializada del Ministerio Público chilena a cargo de delitos considerados de mayor complejidad probatoria y connotación pública en la región. Entre ellos figura buena parte de las causas por sabotaje incendiario contra la industria forestal. Esta fiscalía ha sido objeto de críticas recurrentes de defensores de comuneros mapuche por los plazos de investigación y las condiciones de prisión preventiva aplicadas en sus procesos. Esas críticas también alcanzaron a otras causas de alta connotación pública tramitadas por la misma unidad fiscal en años posteriores, incluidos procesos que terminaron en absoluciones tras largos períodos de prisión preventiva de los imputados. Un ejemplo fue el caso del lonko Alberto Curamil, absuelto en diciembre de 2019 tras más de un año detenido.