El desalojo del 7 de septiembre de 2015

Alrededor de las 5 de la madrugada del lunes 7 de septiembre de 2015, Fuerzas Especiales de Carabineros desalojó la sede de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) en Temuco. Varias comunidades mapuche mantenían esa sede ocupada desde el 17 de agosto de ese año. Del operativo resultaron 31 personas detenidas, pertenecientes a distintas comunidades.

Según reportes de la época, varios de los detenidos presentaban golpes visibles y heridas en el rostro al ser trasladados al bus de Fuerzas Especiales. El procedimiento estuvo a cargo del coronel Óscar Oettinger, quien declaró que la acción fue "coordinada y planificada en conjunto con las autoridades con el fin de dar término a la toma".

Las declaraciones de las autoridades de gobierno

El entonces ministro de Desarrollo Social, Marco Barraza, señaló a la prensa que el desalojo se hizo necesario ante la falta de avances en las negociaciones. Dijo que era "para que la CONADI siga funcionando y de ese modo ayudar a resolver el problema de las comunidades mapuche". El desalojo había sido solicitado formalmente la semana anterior por el entonces director de la CONADI, Alberto Pizarro Chañilao. El recién nombrado intendente de la Araucanía, Andrés Jouannet, declaró por su parte que debía primar "el imperio del derecho", calificando la toma de ilegal.

Los detenidos fueron puestos a disposición de los tribunales para la audiencia de control de detención, a cargo del fiscal Cristián Crisosto. Según las propias comunidades, el objetivo de la toma había sido denunciar la represión y el hostigamiento que consideraban desmedidos por parte de la policía militarizada desplegada en la Araucanía.

Qué es la CONADI y el objetivo de la toma

La CONADI, creada en 1993, es el organismo estatal chileno encargado de implementar la política indígena del Estado, incluidos los fondos de compra y restitución de tierras a comunidades mapuche. Ocupaciones de sus oficinas regionales, como esta de 2015, han sido usadas en distintos momentos por comunidades como forma de presión directa. Responden a lo que consideran lentitud o insuficiencia en los procesos de restitución territorial.

No se registran antecedentes públicos sobre el resultado final de las causas judiciales abiertas contra los 31 detenidos en este desalojo. Tampoco hay registro de si la toma logró, en los meses posteriores, algún avance concreto en las demandas que la motivaron.

Un patrón de tomas y desalojos en la Araucanía

La toma de la sede regional de la CONADI se extendió por casi tres semanas antes de su desalojo. Se enmarcó en un patrón de ocupaciones de oficinas públicas que comunidades mapuche de distintas zonas de la Araucanía repitieron en años posteriores como forma de presión directa. Esa presión respondía a la lentitud que denunciaban en los procesos administrativos de compra y restitución de tierras gestionados por ese mismo organismo.

El segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), bajo el cual ocurrió este desalojo, había asumido el compromiso explícito de impulsar un "Nuevo Trato" con los pueblos indígenas. Ese compromiso incluyó la creación posterior del Ministerio de Pueblos Indígenas. Episodios como este desalojo de 2015 fueron citados por críticos de esa política como evidencia de que las medidas de reconocimiento institucional no se tradujeron en cambios reales. En la práctica, los desalojos y operativos policiales contra comunidades mapuche no se redujeron durante ese mismo período.

Las tomas de oficinas públicas de la CONADI se repitieron en distintas regiones del sur de Chile en los años posteriores a este episodio de 2015, incluida la sede regional de Los Ríos. Esto sugiere que la insatisfacción de las comunidades con el ritmo de los procesos de restitución territorial gestionados por ese organismo no se limitó a un hecho puntual. Reflejó, más bien, una tensión estructural sostenida durante toda la década.

El sentido del título original de esta nota

El propio título con que se tituló entonces esta cobertura –"brutal y violento diálogo"– era una forma irónica de describir el episodio. Lejos de constituir una instancia real de negociación entre el gobierno y las comunidades, el desalojo terminó resuelto mediante el uso de la fuerza policial. Esa elección de título encerraba una crítica implícita al uso retórico de la palabra "diálogo" por parte de las autoridades de la época para describir medidas de desalojo.