La detención de 2016

El 28 de mayo de 2016, Ernesto Llaitul –hijo del vocero político de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul– fue detenido junto al comunero Ismael Queupil en la ciudad de Los Ángeles, región del Biobío. Los acusaron de portar armas de fuego y municiones. Ambos fueron trasladados al cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) de la ciudad y, al día siguiente, quedaron formalizados y enviados a prisión preventiva mientras duraba la investigación.

Según declaraciones registradas en la cobertura de la época, Héctor Llaitul calificó la detención de su hijo como parte de una "persecución política" dirigida contra la CAM a través de sus militantes más jóvenes. Señaló además que Ernesto asumía su prisión preventiva "con dignidad", pese a su corta edad.

La absolución de 2017

El caso llegó a juicio oral ante el Juzgado de Garantía de Los Ángeles. Allí, las versiones de los agentes de la PDI presentaron contradicciones que la defensa expuso durante el proceso. El 19 de mayo de 2017, el tribunal decidió por unanimidad absolver a Ernesto Llaitul de todos los cargos. Estimó que la detención no se había ajustado a derecho y que las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la PDI –que habían caído en contradicciones en reiteradas ocasiones– no resultaban suficientes para sostener una condena.

Ismael Queupil, detenido junto a Llaitul en este episodio de 2016, corrió la misma suerte judicial que su compañero. Fue absuelto en el mismo fallo de mayo de 2017 del Juzgado de Garantía de Los Ángeles.

Una segunda detención en 2018

Este episodio de 2016-2017 no fue el único proceso judicial que enfrentó Ernesto Llaitul en su juventud. En octubre de 2018 volvió a ser detenido, esta vez en un camino rural entre Carahue y Tirúa, junto al comunero René Caniulao Collío. Quedó en libertad con firma mensual tras un nuevo cuestionamiento judicial a la forma en que se había ejecutado el procedimiento policial.

La sucesión de detenciones contra Ernesto Llaitul se dio en un período de apenas dos años, y ambas terminaron sin condena. Su padre y defensores de causas mapuche citaron este patrón como evidencia de un hostigamiento judicial dirigido específicamente contra los hijos de dirigentes reconocidos de la CAM. Voceros de Carabineros y la PDI, en cambio, defendieron en su momento la legitimidad de los procedimientos policiales que motivaron ambas detenciones.

Un patrón de casos similares

El uso del término "montaje" para describir procedimientos policiales que terminan en absolución completa –como en ambos casos de Ernesto Llaitul– se volvió parte del vocabulario habitual de medios cercanos a comunidades mapuche durante la década de 2010. Esto ocurrió en paralelo a casos ya confirmados judicialmente de fabricación de pruebas por parte de Carabineros, como el de la Operación Huracán de 2017. Ese caso dio sustento posterior a ese tipo de caracterización en otros episodios similares.

La ciudad de Los Ángeles, donde se tramitó este primer proceso judicial contra Ernesto Llaitul, no forma parte de la Araucanía sino de la región del Biobío. Ese dato refleja cómo la persecución penal de integrantes o familiares de la CAM se extendió, durante la segunda mitad de la década de 2010, más allá de las provincias tradicionalmente asociadas al conflicto mapuche.

Contraste con el caso de Héctor Llaitul

Las absoluciones sucesivas de Ernesto Llaitul, en 2017 y de forma distinta en 2018, contrastan con la trayectoria judicial de su padre Héctor, que sí terminó en una condena severa en 2024. Analistas del conflicto han usado este contraste para ilustrar cómo la persecución penal contra integrantes de una misma familia vinculada a la CAM puede tener desenlaces judiciales muy distintos, según la evidencia específica de cada causa.

La expresión "otro de los tantos montajes", usada en el título original de esta nota, reflejaba una percepción ya instalada entre medios cercanos a comunidades mapuche hacia 2017. Según esa percepción, las absoluciones por falta de pruebas en causas policiales contra dirigentes o familiares de dirigentes eran un patrón repetido, no hechos aislados. El caso posterior de la Operación Huracán terminaría por reforzar esa lectura con evidencia judicial concreta.