El secuestro denunciado en Temucuicui
En la madrugada del 15 de junio de 2016, el longko (autoridad tradicional) de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, llegó hasta una comisaría de Traiguén. Había permanecido varias horas sin que su familia y su comunidad supieran de su paradero. Según la denuncia presentada por su hija, la werken Vania Queipul, su padre había sido detenido, vendado y trasladado en una camioneta durante un allanamiento policial a la comunidad ocurrido la tarde anterior. Horas más tarde fue dejado amarrado de pies y manos en un camino rural cercano.
El allanamiento, según ese mismo relato, fue realizado por un numeroso contingente de Carabineros y de la unidad Zona Araucanía Control de Orden Público (Zacop). La unidad ingresó a la comunidad por dos sectores, usando carros lanzagases y vehículos blindados, sin orden judicial exhibida a los residentes según la denuncia. Durante el operativo resultaron heridos varios miembros de la comunidad. Además, un bebé de tres meses debió ser trasladado a un hospital por presentar problemas respiratorios atribuidos a los gases lacrimógenos utilizados.
Investigación cerrada y el anuncio ante la Corte IDH
El Ministerio Público, a cargo del fiscal César Ibar, cerró posteriormente la investigación sobre el secuestro y las torturas denunciadas por Queipul, sin formalizar a responsables. Ante ese desenlace, el 23 de mayo de 2017 las comunidades mapuche en resistencia de Malleco anunciaron mediante una declaración pública su decisión de llevar el caso directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Consideraron que la investigación chilena careció de transparencia. En particular, señalaron que el propio operativo del día de los hechos había sido dirigido por la misma fiscalía a cargo de investigarlo después.
Quién es un longko y la comunidad de Temucuicui
Un longko es la máxima autoridad tradicional de una comunidad mapuche, con funciones de liderazgo político y ceremonial reconocidas dentro de la organización social del pueblo mapuche. Es un cargo distinto al de werken (vocero) o machi (autoridad espiritual de sanación).
La Comunidad Autónoma de Temucuicui, a la que pertenece Queipul, es una de las organizaciones territoriales mapuche más activas de la comuna de Ercilla desde comienzos de la década de 2000. Ha tenido un rol protagónico en procesos de recuperación de tierras y en varios de los episodios de mayor tensión con Carabineros documentados en la región durante las dos décadas siguientes.
El proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
No existen antecedentes públicos de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya admitido a trámite o resuelto formalmente un caso específico sobre este episodio. La referencia a esa instancia, en la declaración de 2017, correspondió a un anuncio de intención de las comunidades, no a la confirmación de un proceso ya iniciado ante ese tribunal internacional.
Casos de denuncias de secuestro, tortura o malos tratos durante allanamientos en comunidades mapuche que terminan cerrados sin formalización de responsables han sido documentados de forma reiterada por organismos como el INDH a lo largo de la década de 2010. Esas mismas instituciones han señalado ese patrón como uno de los factores que erosiona la confianza de las comunidades en la investigación penal chilena. Por eso, las lleva a buscar, como en este caso, instancias internacionales de derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, solo puede conocer un caso después de que este haya agotado –o se demuestre que no existen– los recursos disponibles en la jurisdicción interna del país involucrado. Antes debe pasar además por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de un proceso que en la práctica puede tomar varios años, desde el anuncio inicial de una comunidad hasta una eventual sentencia.
Antecedentes de Chile ante la Corte IDH por casos mapuche
Chile ha sido condenado en otras ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos relacionados con el pueblo mapuche. El más citado de ellos es el fallo de 2014 en el caso Norín Catrimán y otros, que determinó una aplicación discriminatoria de la Ley Antiterrorista contra un grupo de dirigentes y comuneros mapuche. Las comunidades de Malleco invocaron ese antecedente como referencia al anunciar en 2017 su intención de recurrir a esa misma instancia internacional por el caso de Queipul.