La huelga de hambre en apoyo a la machi Linconao

El 29 de diciembre de 2016, cinco presos políticos mapuche recluidos en la cárcel de Temuco –Luis Tralcal Quidel, José Tralcal Coche, Alfredo Tralcal Coche, Benito Trangol Galindo y Nicolás Railaf Ahumada– iniciaron una huelga de hambre líquida en solidaridad con la machi Francisca Linconao. Días antes, ella había comenzado su propia huelga de hambre en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, donde permanecía detenida en el marco del proceso judicial por el caso Luchsinger-Mackay.

En un comunicado público, los huelguistas cuestionaron la actuación del entonces juez de la Corte de Apelaciones de Temuco, Luis Troncoso, a cargo de aspectos del proceso. Lo acusaron de falta de imparcialidad y de responder a intereses de gremios agrícolas y forestales de la región, entre ellos la Multigremial de la Araucanía y la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

Quiénes eran los cinco huelguistas y el desenlace del caso Luchsinger-Mackay

Los cinco huelguistas –varios de ellos apellidados Tralcal, integrantes de una misma familia de la comunidad mapuche vinculada al caso Luchsinger-Mackay– se encontraban en ese momento procesados. Se les acusaba de su presunta participación en el incendio de 2013 que causó la muerte del matrimonio Werner Luchsinger y Vivian Mackay, la misma causa por la que Francisca Linconao también era investigada.

El caso Luchsinger-Mackay llegó finalmente a juicio oral y terminó en mayo de 2018 con un veredicto mixto. Tres personas fueron condenadas por el delito de incendio con resultado de muerte de carácter terrorista, mientras que ocho acusados, entre ellos Francisca Linconao, fueron absueltos por falta de pruebas suficientes de su participación directa en los hechos.

Un patrón de huelgas de hambre entre presos mapuche

Las huelgas de hambre como forma de protesta de presos políticos mapuche se repitieron en varias ocasiones a lo largo de la década de 2010. Hubo episodios previos, como el del machi Celestino Córdova en 2010 y el de los presos de la cárcel de Angol en 2015. Ese patrón refleja tanto la prolongación de las prisiones preventivas en estas causas como la falta de mecanismos de diálogo directo entre los huelguistas y las autoridades de gobierno de turno.

Los registros públicos disponibles no detallan con precisión cuánto tiempo se extendió esta huelga específica de diciembre de 2016. Tampoco precisan el resultado exacto de sus demandas, más allá del desenlace general del caso Luchsinger-Mackay en 2018.

La familia Tralcal y la solidaridad entre presos

La familia Tralcal, a la que pertenecían tres de los cinco huelguistas de este episodio, se convirtió en una de las más golpeadas judicialmente por el caso Luchsinger-Mackay. Además de los procesados en la causa penal, distintos integrantes de la familia enfrentaron en paralelo otras causas relacionadas con el conflicto territorial en la zona de Vilcún y Ercilla durante ese mismo período.

La solidaridad expresada mediante huelgas de hambre entre distintos presos mapuche recluidos en cárceles separadas –como la de Temuco y, en este caso, el apoyo hacia una reclusa en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial– refleja una práctica de coordinación política entre presos de distintas causas. Esa práctica ha sido documentada de forma reiterada en el movimiento de presos políticos mapuche desde comienzos de la década de 2010.

El alcance del caso y el apellido Tralcal

El apoyo mutuo entre presos de distintas cárceles y una reclusa hospitalizada, como el expresado en esta huelga de diciembre de 2016, ilustra cómo el caso Luchsinger-Mackay terminó afectando a un número de personas mucho mayor que los directamente acusados. Familiares, comunidades enteras y presos de otras causas se involucraron activamente en la defensa pública de los procesados. Eso convirtió el caso en uno de los puntos de mayor movilización del movimiento de presos políticos mapuche de toda la década.

El apellido Tralcal, compartido por tres de los cinco huelguistas de este episodio, corresponde a una familia extendida de la zona de Vilcún vinculada de forma directa a la comunidad donde ocurrió el incendio del caso Luchsinger-Mackay. Eso explica por qué varios de sus integrantes enfrentaron cargos en la misma causa penal de forma simultánea.