La oposición al proyecto Parque Eólico Pililín
En febrero de 2016, comunidades mapuche lafkenche de la región de Los Ríos emitieron una declaración pública llamando a organizaciones sociales y ambientales a resistir la eventual aprobación del proyecto "Parque Eólico Pililín". Este proyecto contemplaba la instalación de 17 aerogeneradores de 150 metros de altura en el cordón montañoso del cerro Oncol, en la costa de Valdivia.
Según la declaración, el proyecto amenazaba directamente el Ngen Mahuida, un espacio ceremonial ancestral mapuche ubicado en los cordones montañosos más altos del territorio de Oncol. Además, su construcción implicaría una deforestación significativa de bosque nativo de la selva valdiviana, un ecosistema templado lluvioso característico del sur de Chile con altos niveles de endemismo. Las comunidades advirtieron que la intervención generaría erosión del suelo, facilitaría el avance de la industria forestal sobre el área, y provocaría a largo plazo una mayor escasez hídrica para las comunidades del sector. Calificaron este proceso como un "ecocidio" del territorio.
El cerro Oncol y la selva valdiviana
El cerro Oncol, escenario de la disputa, forma parte de un área de interés de conservación cercana al Parque Oncol, un espacio de bosque nativo protegido gestionado en conjunto por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y la empresa Celulosa Arauco. Este parque está ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Valdivia y combina senderos de ecoturismo con áreas de conservación de flora y fauna nativa de la selva valdiviana.
La selva valdiviana, el ecosistema que las comunidades buscaban proteger de la deforestación asociada al proyecto eólico, es reconocida internacionalmente como uno de los bosques templados lluviosos de mayor biodiversidad del hemisferio sur. Cuenta con especies endémicas como el alerce, la araucaria y diversas especies de flora y fauna que no existen en ningún otro lugar del mundo. Esto ha motivado esfuerzos de conservación tanto estatales como privados en la región de Los Ríos desde la década de 1990.
Otros conflictos por energía renovable en Chile
Los proyectos de energía eólica en Chile son promovidos generalmente como alternativas de energía renovable frente a la matriz energética basada en combustibles fósiles e hidroelectricidad. Sin embargo, han generado tensiones similares en otras regiones del país cuando su emplazamiento afecta sitios de valor cultural, ceremonial o ecológico para comunidades indígenas locales. Organizaciones ambientales han documentado este mismo patrón de conflicto en proyectos de energía eólica y solar en el norte de Chile, en territorios de comunidades atacameñas y aimaras.
La declaración de las comunidades lafkenche de Valdivia se dirigió específicamente a "toda organización social y ambiental que se sienta identificada". Este llamado buscaba trascender el ámbito estrictamente mapuche e incorporar a organizaciones ambientalistas de la región interesadas en la protección de la selva valdiviana como ecosistema, más allá de su valor ceremonial específico para las comunidades indígenas.
El desenlace desconocido y el Convenio 169 de la OIT
A la fecha no existe constancia pública sobre si el proyecto "Parque Eólico Pililín" fue finalmente aprobado, rechazado o modificado por la autoridad ambiental chilena. Esto ocurre a partir de la oposición expresada en esta declaración de febrero de 2016.
El conflicto entre proyectos de energía renovable y sitios de valor cultural o ceremonial indígena no es exclusivo de la región de Los Ríos. En distintas partes de Chile, comunidades indígenas han exigido que la evaluación ambiental de este tipo de proyectos incorpore de forma más sistemática la consulta indígena establecida en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Chile en 2008. Las propias comunidades lafkenche de esta declaración invocaron implícitamente este instrumento al reclamar participación directa en la decisión sobre un proyecto emplazado en un espacio que consideran ceremonial y ancestral. Esto va más allá del cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales estándar de este tipo de evaluaciones. Organizaciones internacionales de derechos indígenas han señalado que ese estándar de participación resulta todavía insuficiente en la práctica regulatoria chilena.