La denuncia ante la Fiscalía Militar y el operativo en la fiscalía
El 21 de enero de 2015, cerca de 65 comuneros mapuche provenientes de la provincia de Arauco llegaron hasta la Fiscalía Militar de Concepción, en avenida General Novoa, para presentar una denuncia. La denuncia era por un operativo policial realizado el 14 de enero en Tirúa Alto, en el que resultaron heridos dos comuneros.
Según la denuncia, Gastón Antileo y Martín Marileo fueron internados en el Hospital Regional de Concepción; uno de ellos habría perdido la visión de un ojo. El abogado Pablo Ortega declaró en su momento a radio Bío-Bío que los efectivos habían disparado a corta distancia.
Mientras se presentaba la denuncia, un operativo policial dispersó a los manifestantes reunidos afuera de la fiscalía. Más de siete personas fueron detenidas, y una de ellas resultó con heridas tras el impacto de un carro lanzaaguas.
Qué era la Fiscalía Militar y la zona de Tirúa
La Fiscalía Militar de Concepción, ante la que se presentó esta denuncia, formaba parte de un sistema de justicia castrense que durante décadas tuvo competencia para investigar delitos cometidos por Carabineros contra civiles. Esto incluía hechos de violencia en el marco del conflicto mapuche. Ese sistema fue objeto de reformas legales en 2010 y años posteriores que fueron acotando progresivamente su competencia, hasta traspasar a la justicia civil ordinaria la investigación de delitos de Carabineros contra civiles. Este cambio fue impulsado en parte por críticas de organismos internacionales de derechos humanos a los bajos estándares de sanción de los tribunales militares.
Tirúa, la comuna donde ocurrió el operativo policial que motivó esta manifestación, forma parte –junto con Cañete y Contulmo– de la zona costera de la provincia de Arauco donde se concentra buena parte del conflicto entre comunidades lafkenche y empresas forestales. Este es un área que en años posteriores registró un aumento sostenido del gasto policial, según informes obtenidos por ley de transparencia.
Un resultado judicial desconocido en Concepción
No se registran antecedentes públicos sobre el resultado final de la denuncia presentada ante la Fiscalía Militar de Concepción por los hechos de Tirúa Alto.
Concepción, capital de la región del Biobío, no forma parte de la Araucanía propiamente dicha, pero concentraba en esa fecha la sede de la Fiscalía Militar con competencia sobre buena parte de las causas de la zona sur del país. Esto explica que comuneros de la provincia de Arauco debieran trasladarse hasta esa ciudad para presentar denuncias contra Carabineros. Debían hacerlo en lugar de recurrir a un tribunal más cercano a los hechos.
El uso de la fuerza policial y los heridos de Tirúa Alto
El uso de vehículos lanzaaguas y carros con gases lacrimógenos para dispersar manifestaciones convocadas por comunidades mapuche fue objeto de críticas reiteradas por parte de la Defensoría Penal Pública y de organizaciones de derechos humanos durante toda la década de 2010. Esto incluía manifestaciones realizadas frente a sedes judiciales o de gobierno, sin bloqueo de vías. Estas organizaciones documentaron un patrón de uso desproporcionado de la fuerza en manifestaciones pacíficas relacionadas con el conflicto territorial. Esto contrastaba con protocolos más restrictivos aplicados en otras manifestaciones ciudadanas del mismo período.
Gastón Antileo y Martín Marileo, los dos comuneros heridos en el operativo de Tirúa Alto que motivó esta denuncia, formaban parte de comunidades lafkenche de la zona de los lagos Lleu-Lleu y Lanalhue. Según informes posteriores obtenidos por ley de transparencia, este sector concentró desde 2013 en adelante algunos de los mayores incrementos de gasto policial de toda la provincia de Arauco. Esto coincidió con el reinicio de movilizaciones por recuperación de tierras en esa misma área.
El gasto policial en la provincia de Arauco
La provincia de Arauco, de la que forma parte Tirúa, tenía a la fecha de este episodio una población total inferior a los 170 mil habitantes, según el censo vigente en ese momento. Según los propios informes de transparencia citados en coberturas posteriores, esto hace aún más notorio el volumen de recursos policiales destinados de forma sostenida a una zona rural de baja densidad poblacional. Esta comparación resulta evidente frente a otras provincias chilenas de tamaño similar sin conflicto forestal activo.