El ataque incendiario del 12 de marzo de 2017
La madrugada del domingo 12 de marzo de 2017, 19 camiones, 9 rampas y un galpón de la empresa de transportes Trans-Cavalieri fueron destruidos por un incendio. El ataque ocurrió en la ruta que une las ciudades de Temuco y Lautaro, en la región de la Araucanía. Días después, según un comunicado difundido entonces, el Órgano de Resistencia Territorial (ORT) Wenteche-Catrileo, perteneciente a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), reivindicó formalmente la autoría del ataque.
En el comunicado, el ORT afirmó que la acción fue ejecutada exclusivamente por weichafe mapuche, siguiendo los lineamientos del proyecto político de la organización. La enmarcó además en lo que describió como "el justo proceso de lucha por el territorio y la autonomía del Pueblo Nación" mapuche. El texto añadió que, con una acción de esa envergadura, la organización buscaba demostrar la capacidad de los weichafe de confrontar al sistema capitalista y al Estado chileno, pese a los costos que ello implica.
El ORT Wenteche-Catrileo y la estructura de la CAM
La CAM, fundada en 1998 en la localidad de Tranaquepe, comuna de Arauco, mantiene desde entonces una estructura descentralizada de Órganos de Resistencia Territorial (ORT), organizados por identidad territorial mapuche –wenteche, nagche, lafkenche, williche, entre otras–. Cada ORT tiene capacidad de reivindicar acciones de forma autónoma bajo el nombre de la organización. El ORT Wenteche-Catrileo, responsable de este ataque específico, toma su nombre del weichafe Matías Catrileo, asesinado por Carabineros en 2008. Catrileo es una de las figuras que el movimiento mapuche conmemora como mártir de su causa.
Un patrón de sabotajes contra el transporte forestal
Este ataque se dio en un período de intensificación de acciones de sabotaje contra empresas de transporte y maquinaria forestal en la Araucanía durante el primer semestre de 2017. Meses después, ese mismo período incluyó también el incendio de 29 camiones de la empresa Sotraser en San José de la Mariquina. El ataque fue atribuido a la organización Weichan Auka Mapu, un grupo distinto de la CAM pero con métodos y objetivos similares.
La ruta Temuco-Lautaro, donde ocurrió el ataque contra Trans-Cavalieri, es una vía de transporte de carga forestal de alto tráfico que conecta dos de las principales ciudades de la provincia de Cautín. Esta ruta también ha sido escenario de otros ataques similares contra empresas de transporte forestal, registrados en su momento por la prensa a lo largo de la década de 2010.
Caracterizaciones de la CAM y responsables sin identificar
La CAM ha sido caracterizada de forma muy distinta según la fuente. El Estado chileno y gremios empresariales forestales la han descrito en ocasiones como una organización de carácter terrorista. Organizaciones de derechos humanos y sectores académicos, en cambio, la enmarcan como parte de un movimiento de resistencia territorial indígena.
No se registran antecedentes públicos de que alguna persona haya sido identificada o condenada judicialmente por el ataque contra los 19 camiones de Trans-Cavalieri de marzo de 2017.
El costo económico de los ataques al transporte forestal
Ataques contra empresas de transporte de carga forestal, como el sufrido por Trans-Cavalieri, representan una categoría específica dentro del fenómeno más amplio de violencia rural en el sur de Chile. Solo entre enero de 2019 y enero de 2024, estudios posteriores contabilizaron 629 ataques incendiarios en la macrozona sur, con pérdidas estimadas en 124 millones de dólares. Una parte relevante de esas pérdidas correspondió a vehículos y maquinaria de transporte contratados por las grandes forestales para el traslado de madera desde los predios hasta las plantas de procesamiento. Este rubro quedó especialmente expuesto por operar diariamente en rutas rurales de difícil resguardo policial permanente. Distintas empresas de transporte de la zona citaron ese factor como razón para exigir escoltas o directamente reducir sus operaciones en las provincias de mayor conflictividad. Este fenómeno se repitió con distintas empresas contratistas a lo largo de toda la Araucanía durante esa década, encareciendo de forma indirecta el costo logístico de operar en la industria forestal de la región.