La denuncia de aislamiento en la cárcel de Arauco

En febrero de 2016, familiares de Lorenza Cayuán Lleufal denunciaron que la mujer, detenida en la cárcel de Arauco, permanecía aislada en una celda de 2×2 metros. La denuncia agregó que no tenía salida a patio ni contacto con otras internas.

Cayuán fue detenida junto a varios integrantes de su familia en un operativo policial realizado en enero de ese año en Cañete. Enfrentaba en ese momento cargos por robo de madera y atentado a la autoridad. Su familia forma parte de comunidades vinculadas a procesos de recuperación de tierras en el territorio lafkenche, la identidad territorial mapuche propia de la costa de las provincias de Arauco y Cautín.

La prisión preventiva en causas del conflicto mapuche

La prisión preventiva –la medida cautelar bajo la cual permanecía detenida Cayuán– es en Chile una medida de carácter excepcional. Según el Código Procesal Penal, debe justificarse por riesgo de fuga o peligro para la investigación o la sociedad. Su aplicación prolongada a personas mapuche imputadas por delitos vinculados al conflicto de tierras ha sido objeto de críticas reiteradas por parte de organismos de derechos humanos. Estos organismos la consideran, en varios casos, desproporcionada respecto de delitos de baja gravedad.

El caso de Cayuán se dio en un contexto de creciente visibilidad de las mujeres mapuche presas por causas relacionadas con el conflicto territorial. Organizaciones de mujeres indígenas han señalado a este grupo como doblemente afectado: por su condición de presas políticas y por enfrentar, según sus denuncias, condiciones de reclusión más restrictivas que los hombres en unidades penales de menor tamaño como la de Arauco.

La CONADI y la restitución de tierras

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), organismo estatal a cargo de los procesos de compra y restitución de tierras a comunidades mapuche desde 1993, ha sido señalada por distintas comunidades de la zona lafkenche como insuficiente para resolver la magnitud de las demandas territoriales pendientes. En la práctica, esto ha derivado en ocupaciones de hecho como la que dio origen a la detención de Cayuán y su familia.

No se registran antecedentes públicos posteriores sobre el resultado judicial de la causa contra Lorenza Cayuán Lleufal.

Estándares de derechos humanos sobre el aislamiento

Informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos elaborados durante la década de 2010 documentaron, en distintas cárceles del sur de Chile, condiciones de aislamiento prolongado aplicadas a mujeres mapuche procesadas por causas del conflicto territorial. Estas se daban en unidades penales de menor tamaño que no siempre contaban con módulos separados para presas comunes y presas políticas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en distintos fallos regionales que el aislamiento prolongado de una persona privada de libertad, sin justificación individualizada y periódicamente revisada, puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante. Organizaciones de derechos humanos han invocado repetidamente ese estándar al analizar casos como el de Cayuán.

Condiciones de infraestructura en la cárcel de Arauco

La cárcel de Arauco, donde permanecía recluida Cayuán, es un recinto de tamaño reducido comparado con los centros penitenciarios de ciudades más grandes de la región, como Concepción o Temuco. Esto, en la práctica, limita la disponibilidad de módulos separados para distintos perfiles de internas. Gendarmería de Chile, el servicio a cargo de las cárceles del país, ha reconocido en informes propios presentados al Congreso las limitaciones de infraestructura de varios recintos penales del sur del país. Estas limitaciones dificultan cumplir estándares internacionales de separación y trato diferenciado según el perfil de la población penal.

El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, dependiente del INDH desde 2019, realiza desde entonces visitas periódicas a recintos penitenciarios chilenos, incluidas cárceles de la Araucanía y el Biobío, para verificar condiciones de reclusión conforme a estándares internacionales. Sus informes anuales han identificado de forma recurrente el aislamiento prolongado sin causa médica o disciplinaria justificada como una de las prácticas más problemáticas detectadas en recintos penales pequeños del sur de Chile.