La investigación del incendio en Vilcún
En noviembre de 2015, la Fiscalía Regional de la Araucanía confirmó una investigación por fraude a seguros vinculada a un incendio ocurrido en julio de 2014 en la comuna de Vilcún. En el incendio se quemó un vehículo Mercedes-Benz avaluado en unos 50 millones de pesos. Según el Ministerio Público, la causa –a cargo del fiscal Luis Arroyo– se encontraba en etapa de investigación, con peritajes pendientes e información solicitada a compañías de seguros.
En el lugar del incendio se había encontrado un lienzo con una consigna relacionada con el conflicto mapuche. Esto en su momento llevó a clasificar el hecho como un ataque más del conflicto regional. La investigación posterior apuntó, en cambio, a un posible autoatentado. Fue el segundo caso de este tipo investigado en la región, tras la condena de dos primos por quemar intencionalmente un camión Mercedes-Benz propio en Padre Las Casas, en junio de 2014.
El fenómeno de los autoatentados
El fenómeno de los "autoatentados" son hechos de violencia simulados y atribuidos falsamente al conflicto mapuche, con el fin de cobrar seguros o desviar responsabilidades. Tanto organizaciones mapuche como la propia Fiscalía han señalado en distintos períodos que este fenómeno distorsiona las estadísticas oficiales de "hechos de violencia rural" en la Araucanía. Esto dificulta distinguir entre ataques reales vinculados al conflicto territorial y casos de fraude o disputas de otro tipo disfrazadas de ataques políticos.
La Fiscalía Regional de la Araucanía cuenta desde 2014 con una unidad especializada para investigar hechos de violencia asociados al conflicto mapuche. Esta unidad coordina las causas de las distintas fiscalías locales de la región, incluida la de Temuco, de la que depende Vilcún. Esa unidad ha sido la encargada de investigar tanto ataques incendiarios reivindicados por organizaciones mapuche como los casos de autoatentados detectados en la región.
El antecedente de Padre Las Casas
El caso previo de Padre Las Casas, citado como antecedente en esta nota, involucró a dos primos: Hugo Castro Delgado y Orli Martini Castro. Ambos fueron condenados tras establecerse que habían incendiado su propio vehículo para cobrar el seguro y atribuir el hecho al conflicto mapuche. La Fiscalía identificó este patrón como similar al del caso de Vilcún, investigado un año y medio después.
Cifras y la doble incertidumbre estadística
La Asociación de Aseguradores de Chile no publica cifras desagregadas sobre fraudes de este tipo vinculados específicamente al conflicto mapuche. Sin embargo, fiscales de la Araucanía han señalado en entrevistas de prensa, en años posteriores a este caso, que los autoatentados representan una fracción minoritaria pero recurrente del total de siniestros reportados como "hechos de violencia rural" en la región. Esta fracción es lo suficientemente significativa como para justificar peritajes balísticos y de incendios más exhaustivos antes de clasificar un hecho como parte del conflicto territorial.
El fenómeno de los falsos atentados atribuidos al conflicto mapuche también ha tenido, en sentido inverso, casos de ataques reales inicialmente minimizados como accidentes o hechos comunes. Esa doble incertidumbre –hechos reales mal clasificados como comunes, y fraudes disfrazados de ataques políticos– ha sido señalada por académicos que estudian el conflicto. Según estos académicos, es una de las razones por las que las estadísticas oficiales de "violencia rural" en la Araucanía son consideradas poco confiables tanto por organizaciones mapuche como por gremios forestales, cada uno con sus propias metodologías de conteo.
La complejidad judicial de estos casos
La Fiscalía de la Araucanía ha señalado en balances de gestión posteriores que este tipo de causas por fraude a seguros, aunque numéricamente minoritarias frente al total de causas del conflicto mapuche, exigen peritajes especialmente complejos –balísticos, de incendios y financieros–. Esto las hace más lentas de resolver que otras causas del mismo período, según reconoció el propio Ministerio Público en presentaciones ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.