La detención y el incendio de los vehículos
En febrero de 2016, Carabineros detuvo a ocho comuneros mapuche que realizaban labores forestales en un predio del sector de Puerto Choque, comuna de Arauco. El predio era reclamado por la comunidad y estaba ocupado por la empresa forestal Mininco. Según reportes de la época, tras las detenciones un camión y una camioneta de los trabajadores quedaron destruidos por el fuego.
Entre los detenidos había un menor de edad. Según un testimonio de la época, identificado como Ignacio Rainao, los detenidos fueron golpeados durante el procedimiento y trasladados descalzos hasta la comisaría de Cañete. Carabineros no emitió declaraciones públicas sobre esas denuncias en ese momento.
De los ocho detenidos, seis quedaron en libertad tras la formalización en el tribunal de Cañete. Los otros dos permanecieron en prisión preventiva por tres meses, investigados por porte ilegal de armas y hurto de madera.
Puerto Choque y el conflicto forestal en Arauco
El sector de Puerto Choque forma parte de un conjunto de predios de la costa de la provincia de Arauco. Esos predios han sido escenario recurrente de conflicto entre comunidades mapuche-lafkenche y Forestal Mininco desde comienzos de la década de 2010, en el marco de procesos de recuperación de tierras que las comunidades consideran parte de su territorio ancestral. Forestal Mininco, del grupo empresarial Matte, es una de las dos mayores compañías forestales de Chile junto con Forestal Arauco, del grupo Angelini.
El origen histórico del conflicto
Ese conflicto tiene su origen, según investigadores y organizaciones mapuche, en el proceso conocido como la "Pacificación de la Araucanía": la ocupación militar del territorio mapuche entre 1861 y 1883. Le siguió el reparto de tierras a colonos y empresas mediante el sistema de "radicación", que redujo el territorio bajo control mapuche a una fracción de su extensión original.
Denuncias de malos tratos sin resolución
Las denuncias de malos tratos durante detenciones de comuneros en la zona han sido, en años posteriores, materia de informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Ese organismo tiene, desde 2010, la facultad legal de presentar querellas y monitorear procedimientos policiales en el marco del conflicto en la Araucanía y el Biobío. No se registran antecedentes públicos posteriores sobre el resultado final del proceso judicial contra los dos comuneros que permanecieron en prisión preventiva. Tampoco hay constancia de si las denuncias de malos tratos fueron investigadas de forma independiente.
Un cambio legal el mismo año: la ley contra la tortura
En 2016, el mismo año de este episodio, el Congreso chileno aprobó la Ley 20.968, que tipificó por primera vez el delito de tortura y otros tratos crueles como figuras penales autónomas. La reforma fue en parte una respuesta a años de denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre malos tratos durante detenciones policiales en contextos como el conflicto mapuche. Antes de esa reforma, hechos como los relatados por el testimonio del menor detenido en Puerto Choque debían encuadrarse en figuras penales más genéricas, como apremios ilegítimos. Esas figuras tenían penas considerablemente menores.
Los operativos policiales en la zona
Los operativos como el de Puerto Choque solían ser ejecutados por unidades de Fuerzas Especiales o por el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros. Son cuerpos entrenados específicamente para procedimientos de alto riesgo. Su presencia permanente en zonas rurales de la Araucanía y el Biobío se intensificó de forma sostenida desde comienzos de la década de 2010, en paralelo al aumento de las movilizaciones por recuperación de tierras documentado en informes de transparencia de la época.
La provincia de Arauco cuenta, desde la creación de la región del Biobío, con una fiscalía local propia con sede en Cañete. Esta se encarga de instruir este tipo de causas. Las más graves –como las que involucran uso de armas de fuego por parte de civiles o de la policía– son derivadas a tribunales orales en lo penal con sede en Cañete o en Concepción, dependiendo de la gravedad y el tipo de delito imputado.