La absolución de 2015

El 12 de marzo de 2015, un tribunal de Temuco absolvió al lonko de la Alianza Territorial Mapuche (ATM), Alberto Curamil Millanao. Estaba acusado de "agresión y maltrato de obra a Carabinero en servicio". La jueza Luz Mónica Araneda determinó que la fiscalía, representada por el fiscal Ítalo Ortega, no reunió pruebas suficientes para sostener una condena.

La acusación se remontaba a febrero de 2014, durante una audiencia de lectura de sentencia contra el machi Celestino Córdova. En esa ocasión, adherentes del machi expresaron su rechazo a la condena y fueron reprimidos por Carabineros. Según la fiscalía, Curamil habría agredido en ese contexto a un capitán de Carabineros. La defensa, a cargo del abogado José Luis Correa, mostró contradicciones entre la versión del fiscal y la del propio carabinero respecto del lugar y momento de los hechos.

Curamil denunció además haber sido detenido de forma arbitraria y torturado dentro de un recinto policial tras el incidente. Según su entorno, esa querella no había avanzado judicialmente al momento de esta cobertura.

Quién es la Alianza Territorial Mapuche

La Alianza Territorial Mapuche (ATM), organización a la que pertenece Curamil, agrupa a comunidades del sector de Curacautín y zonas cordilleranas de la Araucanía. Estas comunidades se oponen a proyectos forestales e hidroeléctricos en el Alto Biobío y el río Cautín. Su estrategia está centrada en movilizaciones y recursos legales más que en acciones de sabotaje directo, a diferencia de otras organizaciones del conflicto mapuche.

El Premio Goldman y la segunda causa judicial

Curamil volvió a ganar notoriedad internacional en 2019. En abril de ese año recibió el Premio Ambiental Goldman –considerado el "Nobel verde"– por su liderazgo en la oposición a proyectos hidroeléctricos en el río Cautín. Lo recibió mientras se encontraba en prisión preventiva desde agosto de 2018, acusado de un asalto armado a una caja de compensación en Galvarino. La Fiscalía había pedido 46 años de cárcel en su contra.

El 13 de diciembre de 2019, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco absolvió por unanimidad a Curamil de ese segundo caso. Concluyó, a partir de evidencia de video, ADN y testimonios, que no había participado en el asalto. Había pasado 16 meses en prisión preventiva antes de la absolución.

El río Cautín y la vida de Curamil tras su absolución

Los proyectos hidroeléctricos que Curamil y la ATM han cuestionado se ubican en la cuenca del río Cautín, en el Alto Biobío, una zona con una larga historia de conflictos por represas. Entre los años 90 y comienzos de los 2000, la construcción de las centrales Pangue y Ralco por la empresa Endesa en el río Biobío obligó al reasentamiento forzoso de familias pehuenche. Ese proceso incluyó la resistencia pública de dirigentas como Nicolasa Quintremán. Sigue siendo citado como antecedente directo de la desconfianza de comunidades mapuche-pehuenche hacia nuevos proyectos energéticos en la cordillera.

Tras su absolución de 2019, Curamil continuó su activismo ambiental y territorial. Participó en instancias públicas sobre los derechos de agua y los proyectos hidroeléctricos pendientes en la región. Se convirtió en una referencia internacional, citada por organizaciones ambientalistas al documentar casos de criminalización de defensores del territorio en América Latina.

Otras figuras del caso: el machi Celestino Córdova y el abogado José Luis Correa

El machi Celestino Córdova, cuya condena originó la protesta que derivó en la detención de Curamil en 2014, es una de las figuras espirituales mapuche más conocidas públicamente en Chile. Fue condenado ese año por su participación en el incendio que causó la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay. En años posteriores protagonizó sus propias huelgas de hambre, exigiendo permisos para realizar ceremonias religiosas fuera de la cárcel.

El abogado José Luis Correa, quien defendió a Curamil en este juicio de 2015, ha representado a lo largo de su carrera a numerosos dirigentes y comuneros mapuche formalizados en causas asociadas al conflicto territorial. Se convirtió en una de las figuras del foro jurídico de la Araucanía más asociadas a la defensa penal de imputados mapuche durante la década de 2010.