El enfrentamiento en Alto de Antiquina

El 18 de febrero de 2015 se registraron fuertes enfrentamientos entre comuneros mapuche y Carabineros en el sector de Alto de Antiquina, comuna de Cañete. El hecho ocurrió en un predio de Forestal Volterra. Según reportes de la época, al menos dos personas resultaron gravemente heridas por impacto de balas de acero disparadas por Carabineros.

Ante el despliegue policial –que incluyó vehículos blindados y un helicóptero–, comuneros de la zona bloquearon la ruta P-70 en el sector de Antiquina. Según información entregada por los propios comuneros en su momento, Carabineros detuvo a cuatro personas durante el operativo. Varias de ellas presentaban heridas atribuidas a la violencia del procedimiento de captura, y fueron trasladadas a Cañete para su formalización.

El trasfondo territorial del conflicto forestal

El hecho se enmarcó en un proceso de control territorial que comunidades mapuche de la zona venían desarrollando sobre predios que consideran usurpados por las forestales Mininco, Arauco y Volterra. Según la caracterización de las propias comunidades, esto ocurría en un contexto de creciente militarización policial de la zona en defensa de los intereses de esas empresas.

Alto de Antiquina, el sector donde ocurrió el enfrentamiento, forma parte de la comuna de Cañete, en la provincia de Arauco. Es una de las zonas de mayor concentración de conflicto forestal del Biobío, junto con Tirúa y Contulmo. Las tres comparten una alta proporción de población mapuche-lafkenche en un territorio dominado por plantaciones forestales industriales.

Las balas de acero y un caso sin resolución conocida

La munición de "balas de acero" o balines mencionada en los reportes de la época corresponde a proyectiles de menor letalidad que una bala convencional. Sin embargo, a corta distancia o impactando en zonas vulnerables del cuerpo puede causar heridas graves, incluida la pérdida de visión. Ese tipo de lesión fue documentado de forma reiterada en operativos policiales durante el conflicto mapuche en la década de 2010 y, más tarde, durante el estallido social de 2019.

No existe constancia pública de cómo terminaron las causas judiciales contra los cuatro comuneros detenidos, ni del estado de salud posterior de los heridos en este episodio.

El gasto policial regional tras el episodio

Este episodio de febrero de 2015 se dio apenas semanas después de que asumiera el segundo gobierno de Michelle Bachelet, en medio de un nuevo ciclo de movilizaciones en la provincia de Arauco. Según informes de transparencia posteriores, ese ciclo coincidió con un salto sostenido del gasto policial regional entre 2013 y 2015. Ese gasto se destinó en gran parte a reforzar la protección de faenas forestales en sectores como Antiquina, Tirúa y Cañete.

La provincia de Arauco, a diferencia de Malleco, concentra su conflicto territorial en una franja costera de comunidades lafkenche. Esto ha llevado a organismos como el INDH a monitorear de forma diferenciada ambas provincias. Aun así, ambas comparten la misma dinámica general de disputa entre comunidades mapuche y empresas forestales por el uso de la tierra en el sur de Chile.

Forestal Volterra y la cobertura periodística de la época

Forestal Volterra, propietaria del predio donde ocurrió este enfrentamiento, es una compañía de menor escala que Mininco y Arauco. Sin embargo, tiene una concentración significativa de terrenos en disputa en la zona de Cañete y Tirúa. Eso la ha convertido en blanco recurrente de acciones de recuperación territorial y ataques incendiarios a lo largo de la década de 2010, documentados en informes tanto de organizaciones mapuche como de gremios forestales de la región.

Los reportes "en pleno desarrollo" como este eran característicos de la cobertura digital independiente del conflicto mapuche durante la década de 2010. Reflejaban las limitaciones de recursos de los medios digitales de la época frente a la prensa nacional. La información se publicaba a partir de testimonios telefónicos de comuneros en el lugar, sin posibilidad de verificación periodística presencial inmediata, dado el riesgo del propio operativo policial en curso.