Los allanamientos y detenciones del 23 de septiembre de 2017
El 23 de septiembre de 2017, Carabineros y la Policía de Investigaciones ejecutaron una serie de allanamientos y detenciones simultáneas contra dirigentes mapuche en las regiones del Biobío, la Araucanía y Los Ríos. El operativo de inteligencia fue denominado "Operación Huracán". Entre los detenidos figuraban el vocero político de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, su hijo Ernesto Llaitul, los hermanos Jaime y Rodrigo Huenchullán, el exmilitante del MIR David Cid Aedo, y los comuneros Martín Curiche, Claudio Leiva y Fidel Tranamil.
Según denuncias de la época, durante el allanamiento al domicilio de Héctor Llaitul en Collao, Concepción, Carabineros golpeó a Javiera Llaitul, dejándola en el suelo. El mismo día se realizaron dos allanamientos adicionales al Hogar Mapuche Pelontuwe en Temuco, con siete jóvenes detenidos. Fuerzas Especiales también desalojaron un campamento de familiares de presos políticos mapuche en huelga de hambre. En ese momento, ese ayuno llevaba 109 días.
El montaje: una organización armada fabricada con WhatsApp falsos
La Operación Huracán fue coordinada por la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) y la PDI. Se presentó públicamente como el desmantelamiento de una organización armada mapuche, a partir de mensajes de WhatsApp interceptados que vinculaban a los detenidos con la planificación de ataques incendiarios.
Meses después de estos hechos, una investigación periodística de CIPER Chile, publicada en marzo de 2018, reveló testimonios y peritajes sobre el caso. Apuntaban a que las herramientas de intercepción y geolocalización que la investigación decía haber usado nunca existieron. Las conversaciones incriminatorias, según esos testimonios, habrían sido implantadas en los teléfonos de los detenidos para incriminarlos falsamente. Esto se conoció públicamente como el "montaje" de la Operación Huracán.
La condena de 2026 contra los responsables
El caso derivó en un proceso judicial contra la plana mayor de Inteligencia de Carabineros. En enero de 2026 –más de ocho años después de los hechos– el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a seis de los once acusados. Entre ellos estaban el general Gonzalo Blu Rodríguez, entonces jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional de Carabineros, el mayor Patricio Marín Lazo, el capitán Leonardo Osses Sandoval y el civil Álex Smith Leay. Los condenaron por delitos de falsificación de documentos públicos y obstrucción a la investigación.
El caso Huracán se convirtió en uno de los mayores escándalos institucionales de Carabineros de Chile de la década de 2010. Tuvo consecuencias directas en la credibilidad de la inteligencia policial. También alimentó el debate público sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista contra dirigentes mapuche, a partir de evidencia de inteligencia no verificada de forma independiente.
El desalojo del campamento en huelga de hambre
El campamento de familiares de presos políticos mapuche que Fuerzas Especiales desalojó el mismo día de la Operación Huracán llevaba, según registros de la época, 109 días de huelga de hambre acumulados por distintos participantes. Fue uno de los períodos más largos de protesta de este tipo documentados hasta entonces en el conflicto mapuche. Esto dio a este operativo una dimensión adicional de tensión simbólica, más allá de las detenciones de dirigentes de la CAM.
El eco institucional y el caso de David Cid Aedo
La condena de 2026 contra la plana mayor de Inteligencia de Carabineros por el montaje de la Operación Huracán fue citada por defensores de causas mapuche como una confirmación judicial tardía. Las propias comunidades y organizaciones de derechos humanos habían planteado esas denuncias desde el mismo día de las detenciones de 2017. Eso fue casi nueve años antes de que la justicia estableciera formalmente la fabricación de las pruebas.
David Cid Aedo, uno de los detenidos en la Operación Huracán, fue identificado como exmilitante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Su caso ilustra un elemento que las pruebas fabricadas de la investigación buscaban explotar: la narrativa de una supuesta continuidad entre la izquierda armada de la dictadura y el movimiento mapuche contemporáneo. Esa hipótesis fue formalmente desacreditada por la propia condena de 2026 contra los responsables del montaje.