La declaración de 2018
En una entrevista publicada en 2018, el vocero político de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, expuso por qué su organización no se identificaba con la izquierda chilena tradicional. Esto pese a que ambos sectores comparten, en distinto grado, un discurso anticapitalista. Según explicó, la izquierda chilena –incluidos los partidos que en distintos momentos formaron parte de gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría– seguía operando, a su juicio, dentro de la lógica del Estado chileno. La CAM busca confrontar ese Estado directamente, en lugar de negociar reformas dentro de sus instituciones.
Llaitul planteó en esa entrevista que el proyecto de la CAM no se define por el eje izquierda-derecha de la política chilena. Se define, en cambio, por un proyecto de "liberación nacional mapuche" que busca la autonomía territorial y política del pueblo mapuche respecto del Estado de Chile como tal, independientemente de qué coalición lo gobierne. Esa distinción explica, según el propio Llaitul, por qué la CAM ha mantenido una postura crítica tanto hacia gobiernos de derecha como hacia gobiernos de centroizquierda. Esa postura se sostiene a lo largo de sus más de veinte años de historia.
Origen de la CAM
La Coordinadora Arauco Malleco, fundada en 1998, ha sostenido desde sus orígenes una estrategia de acción directa –incluidas ocupaciones de tierras y ataques incendiarios contra maquinaria forestal–. Esa estrategia la distingue de otras organizaciones mapuche que sí han buscado canales de negociación institucional con el Estado chileno, incluidos partidos y movimientos de izquierda parlamentaria.
Llaitul mismo fue militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) en su juventud, antes de la fundación de la CAM. Ese antecedente, según distintos análisis académicos sobre el movimiento mapuche contemporáneo –incluidos los del historiador Fernando Pairican–, explica en parte la influencia de la tradición marxista-leninista revolucionaria en el proyecto político de la organización. Esa influencia aparece, sin embargo, reformulada en torno a una demanda de autodeterminación indígena antes que de clase.
Contexto latinoamericano
Esta tensión entre movimientos de izquierda de base obrera o partidaria y organizaciones de autodeterminación indígena no es exclusiva de Chile. Se ha documentado en distintos países de América Latina con población indígena significativa. Allí, movimientos indígenas han criticado a partidos de izquierda tradicionales por priorizar demandas de clase por sobre demandas de territorio y autonomía cultural específicamente indígenas.
Consecuencias posteriores
Llaitul fue condenado en 2024 a 23 años de cárcel por delitos de usurpación violenta y atentados a la autoridad. Es la pena más severa que ha recibido en su historial judicial, tras décadas de procesos judiciales previos. Entre ellos figura una condena de diez años dictada en 2011 y posteriormente rebajada en apelación.
La distinción que Llaitul trazó en esta entrevista de 2018 entre su proyecto y la izquierda chilena se puso a prueba pocos años después, con la llegada al gobierno de Gabriel Boric en marzo de 2022. Boric se definía a sí mismo como parte de una coalición de izquierda. Como candidato, en octubre de 2021 había declarado que "decretar un estado de excepción es un fracaso de las políticas de Estado". Sin embargo, el 16 de mayo de 2022 –a apenas 66 días de asumir– su gobierno decretó el primer estado de excepción constitucional en la llamada Macrozona Sur, que incluye a la Araucanía. Lo mantuvo prorrogado de forma sostenida durante los años siguientes. El despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona superó, según registros periodísticos, al del propio gobierno de Sebastián Piñera que lo antecedió.
Ese giro llevó a dirigentes mapuche como el werkén Aucán Huilcamán a acusar directamente al gobierno de Boric de profundizar la militarización del territorio mapuche pese a su origen de izquierda. Esa crítica coincide con el argumento central que Llaitul había planteado en 2018. La posición de un gobierno en el eje izquierda-derecha de la política chilena no determina, por sí sola, su disposición a sostener el control militar y policial del Wallmapu.