El aumento del gasto policial en Arauco (2012-2015)
Análisis publicado originalmente en febrero de 2016, firmado por Luis García-Huidobro, sobre cifras de gasto policial en la provincia de Arauco obtenidas por ley de transparencia.
Según cifras citadas en la columna, el gasto policial en la provincia de Arauco aumentó de forma sostenida entre 2012 y 2015. Ese aumento coincidió con el reinicio de movilizaciones por recuperación de tierras en comunas como Tirúa, Cañete y Contulmo, y con la instalación de puestos policiales en predios de las forestales Mininco y Volterra. El análisis cita, entre otros gastos, la compra de 12 vehículos blindados por un valor cercano a 4,5 millones de dólares.
El contraste entre Arauco y Malleco, según la Multigremial
La columna sostiene que el gasto policial por habitante en Arauco superaba en varias veces el de una provincia sin conflicto forestal. Según datos de la Multigremial de la Araucanía, la provincia de Malleco registraba sistemáticamente más hechos de violencia que Arauco, pese a un gasto proporcionalmente menor. El autor interpreta esto como evidencia de que el despliegue policial respondía más a la protección de la actividad forestal que a la seguridad de las personas.
La Ley de Transparencia y el registro del gasto policial
La Ley de Transparencia (Ley 20.285), vigente en Chile desde 2009, obliga a los organismos públicos a entregar información sobre su gasto y gestión ante solicitudes ciudadanas. Ha sido usada repetidamente por organizaciones mapuche, periodistas y centros de estudio para reconstruir el costo fiscal del despliegue policial en la Araucanía. Esa información no la publica Carabineros de forma desagregada por su cuenta.
La Multigremial de la Araucanía, citada en la columna como fuente de los datos comparativos entre provincias, es una asociación de gremios empresariales y agrícolas de la región. Desde 2013 elabora un "Barómetro de Conflictos de Connotación Indígena", un registro propio de hechos de violencia rural. Ese registro ha sido usado tanto por autoridades como por críticos del sector forestal como referencia, pese a las diferencias metodológicas que organizaciones mapuche han señalado respecto de cómo se clasifican los hechos.
El reconocimiento estatal del gasto creciente
El propio Estado chileno reconoció en años posteriores, a través de sucesivos informes presupuestarios, el carácter creciente del gasto en seguridad para la Araucanía. Ese gasto se mantuvo como una de las partidas más altas de gasto policial regional per cápita del país durante toda la década de 2010. Esto ocurrió en paralelo a los sucesivos anuncios de "planes de paz" o "acuerdos" para la zona, que no lograron reducir de forma sostenida ni el conflicto ni el gasto asociado.
Estimaciones posteriores y el peso real en el presupuesto de Carabineros
Estimaciones posteriores de centros de estudios chilenos, elaboradas a partir de sucesivas solicitudes de transparencia entre 2010 y 2020, calcularon que el gasto fiscal acumulado en seguridad para la Araucanía y provincias vecinas del Biobío superó largamente los cientos de millones de dólares en esa década. Sin embargo, según esos mismos análisis, no existía una métrica pública clara para evaluar si ese gasto había reducido de forma sostenida los hechos de violencia asociados al conflicto territorial.
El presupuesto anual de Carabineros de Chile a nivel nacional superaba, para el período en que se publicó este análisis, los 1.500 millones de dólares. Por eso, el gasto adicional destinado específicamente a la Araucanía y provincias vecinas del Biobío representaba una fracción menor del total institucional. El argumento de columnas como esta no era el monto absoluto, sino su concentración desproporcionada en una zona de baja densidad poblacional comparada con el resto del país.
Solicitudes de transparencia posteriores, presentadas por periodistas y centros de estudio entre 2017 y 2020, confirmaron que la tendencia al alza del gasto policial documentada en esta columna para el período 2012-2015 se mantuvo en los años siguientes. Hubo nuevas adquisiciones de vehículos blindados y drones de vigilancia para la zona. Ese patrón de inversión coincidió con sucesivos anuncios gubernamentales de "control del orden público" en la Araucanía y el Biobío.
Luis García-Huidobro