La columna: discurso antiterrorista y su comparación con Colombia

Columna de opinión y análisis publicada originalmente en agosto de 2015, firmada bajo el seudónimo "Kizugünewtun Independencia".

El texto argumentaba que el discurso sobre "terrorismo" aplicado al conflicto mapuche en la Araucanía seguía un patrón similar al usado históricamente contra movimientos sociales en Colombia. También sostenía –sin aportar evidencia verificable– una vinculación entre organizaciones mapuche y las FARC, y atribuía un rol en esa narrativa al entonces expresidente colombiano Álvaro Uribe. Se trata de una interpretación política del autor, no de hechos establecidos judicialmente.

La columna se refería, como contexto, a una serie de incendios de viviendas y ataques a dirigentes mapuche ocurridos en 2015 en sectores como Temucuicui y Rangkilko. En su momento, distintas partes atribuyeron esos hechos a actores opuestos entre sí.

La Ley Antiterrorista chilena y su aplicación al conflicto mapuche

La Ley Antiterrorista chilena que menciona esta columna, la Ley 18.314, fue dictada en 1984 durante la dictadura militar. Se modificó varias veces desde el retorno a la democracia, entre ellas en 2010, cuando se acotaron algunas de sus figuras penales y se eliminó la posibilidad de que testigos protegidos declararan sin comparecer ante el tribunal. Pese a esas reformas, su aplicación a causas relacionadas con el conflicto mapuche siguió siendo objeto de controversia judicial y política durante toda la década de 2010.

En 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en el caso Norín Catrimán y otros vs. Chile. Determinó que el Estado chileno había aplicado esa ley de forma discriminatoria contra un grupo de ocho dirigentes y comuneros mapuche procesados entre 2001 y 2003. El fallo obligó a Chile a indemnizar a las víctimas y revisar el uso de la normativa antiterrorista en este tipo de causas, aunque no eliminó su aplicación futura.

La hipótesis de vínculos con las FARC, sin sustento judicial

La hipótesis de una vinculación entre organizaciones mapuche y grupos armados extranjeros como las FARC ha sido planteada en distintos momentos por sectores políticos y económicos chilenos. Sin embargo, generalmente no prosperan acusaciones formales con sustento probatorio suficiente ante tribunales chilenos. Organizaciones de derechos humanos han señalado este tipo de narrativas como parte de una estrategia de deslegitimación del conflicto territorial mapuche, más que como hallazgos judiciales establecidos.

Acusaciones de vínculos entre movimientos sociales locales y organizaciones armadas extranjeras han sido un recurso retórico recurrente en distintos conflictos territoriales de América Latina, desde disputas mineras en Perú hasta conflictos agrarios en Centroamérica. Generalmente las promueven sectores interesados en deslegitimar reclamos territoriales, presentándolos como amenazas de seguridad nacional antes que como disputas de derechos. En el caso chileno, ningún tribunal ha establecido de forma probada una vinculación operativa entre organizaciones mapuche y las FARC u otro grupo armado extranjero. Pese a ello, la hipótesis ha sido planteada públicamente por autoridades y parlamentarios en más de una ocasión desde la década de 2000.

La militarización posterior de la Araucanía

Narrativas sobre una supuesta injerencia extranjera en el conflicto mapuche resurgieron con fuerza a partir de 2021. Ese año, el segundo gobierno de Sebastián Piñera declaró un estado de excepción constitucional en varias provincias de la Araucanía y el Biobío, con despliegue de las Fuerzas Armadas junto a Carabineros. Gobiernos posteriores, incluido el de Gabriel Boric desde 2022, mantuvieron y prorrogaron esa medida de forma sucesiva, pese a haber cuestionado inicialmente su eficacia como oposición.

Qué dicen los análisis académicos sobre estas narrativas

Con el tiempo, distintos centros de estudio chilenos –entre ellos el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile– han publicado análisis comparados sobre conflictos territoriales indígenas en la región. Esos análisis concluyen que atribuir un conflicto local a una supuesta injerencia extranjera suele tener más eficacia política, como forma de deslegitimar demandas, que sustento en evidencia verificable. Identifican ese mismo patrón en otros conflictos de tierras de Sudamérica ajenos al caso mapuche.