El anuncio del Plan Impulso Araucanía
El 24 de septiembre de 2018, el entonces presidente Sebastián Piñera anunció en Temuco su "Plan Impulso Araucanía". Se trataba de una iniciativa de reconocimiento constitucional e inversión regional, presentada como respuesta del gobierno al conflicto territorial mapuche. Una columna de opinión publicada al día siguiente cuestionó que el plan atendiera la forma del conflicto –mediante anuncios de inversión y reconocimiento simbólico– sin hacerse cargo de su fondo. El fondo del conflicto era la disputa por la propiedad y restitución de tierras.
La polémica reforma a la Ley Indígena: arriendo de tierras
Entre las medidas más criticadas por la columna se encontraba la propuesta de modificar la Ley Indígena 19.253 –que hasta entonces establecía un principio de recuperación y ampliación de tierras mapuche– para permitir que particulares pudieran arrendar tierras indígenas por hasta 25 años. El análisis calificó esa fórmula como un retroceso hacia mecanismos históricos de despojo. Hizo alusión a los arriendos de hasta 99 años mediante los cuales colonos y particulares chilenos se habían apropiado de extensas superficies de tierra mapuche durante buena parte del siglo XX.
La columna señaló además que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Chile en 2008, establece la obligación de realizar consulta indígena previa a medidas legislativas o administrativas que afecten directamente a los pueblos originarios. Sin embargo, el decreto 66 del primer gobierno de Piñera (2010-2014) –vigente al momento de este análisis– no garantizaba, según el texto, que esa consulta reflejara efectivamente la voluntad de las comunidades. En cambio, privilegiaba el criterio de "interés nacional" definido por el propio Estado.
El reconocimiento constitucional y la demanda plurinacional
Respecto del anuncio de reconocimiento constitucional del pueblo mapuche incluido en el plan, la columna lo calificó de insuficiente si no incorporaba un reconocimiento de carácter plurinacional. Esa era una demanda que sectores del movimiento mapuche y de la ciudadanía chilena plantearían con mayor fuerza años después, durante el proceso constituyente iniciado tras el estallido social de 2019. Su primera propuesta de nueva Constitución –rechazada en el plebiscito de septiembre de 2026– sí incorporó una definición de Chile como Estado plurinacional.
Inversión, escaños reservados y militarización
El Plan Impulso Araucanía anunciado por Piñera contemplaba una inversión declarada de miles de millones de dólares en infraestructura, conectividad y desarrollo productivo para la región de la Araucanía a lo largo de una década. También incluía escaños reservados –no cupos garantizados, según precisó la propia columna– para representación indígena en el Congreso. El análisis consideró esa distinción relevante porque los escaños reservados garantizan representación efectiva, mientras que los cupos reservados solo aseguran la postulación de candidatos indígenas dentro de las listas existentes.
El plan se enmarcó, además, en un contexto de creciente militarización de la Araucanía. Esa militarización continuaría, y en algunos períodos se profundizaría, bajo los gobiernos posteriores de Chile. Entre ellos, el de Gabriel Boric decretó su propio estado de excepción constitucional en la macrozona sur a partir de mayo de 2022, pese a haber criticado ese mismo instrumento como candidato.
Qué se cumplió del plan y qué quedó pendiente
Los registros públicos disponibles permiten confirmar que el Plan Impulso Araucanía fue efectivamente implementado en sus componentes de inversión en infraestructura durante los años siguientes. Sin embargo, no hay evidencia pública de que haya resuelto las demandas de fondo sobre restitución de tierras y autodeterminación planteadas por organizaciones mapuche en esa época.
La crítica central de esta columna de 2018 –que un plan de inversión regional no sustituye una solución al conflicto de fondo por la tierra– fue retomada por analistas del conflicto mapuche en años posteriores. La usaron para evaluar sucesivamente tanto el propio Plan Impulso Araucanía como las políticas de los gobiernos siguientes. Ese debate público chileno continuó sin resolver, hacia el final de la década de 2020, la pregunta de fondo sobre qué mecanismo institucional podría satisfacer de forma duradera las demandas territoriales del pueblo mapuche.