CAM se adjudicó tres ataques forestales en enero de 2018

A comienzos de enero de 2018, un grupo identificado como Órganos de Resistencia Territorial (ORT) de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) se atribuyó, mediante un comunicado, tres ataques incendiarios contra faenas forestales en el sur de Chile. El primero fue contra la empresa Anchile en la comuna de Río Negro, el 1 de enero. Los otros dos fueron contra predios de Forestal Arauco, en San Juan de la Costa y en Lanco, el 4 de enero.

Según el comunicado, los ataques destruyeron maquinaria forestal, un camión, contenedores y una torre maderera. El grupo afirmó que no hubo personas heridas, pese a que en uno de los predios se produjo un enfrentamiento con personal policial que resguardaba el lugar. La CAM vinculó las acciones al aniversario de la muerte de Matías Catrileo y a la muerte del activista mapuche Rafael Nahuel, ocurrida semanas antes en Argentina.

La Coordinadora Arauco Malleco es una organización mapuche fundada en 1998 en la provincia de Arauco. Desde entonces reivindica de forma pública la recuperación de tierras mediante acciones directas contra empresas forestales, incluidas ocupaciones de predios y ataques incendiarios a maquinaria. Distintos gobiernos chilenos han intentado, con resultados dispares, procesar a integrantes de la CAM bajo la Ley Antiterrorista (Ley 18.314), una normativa de origen dictatorial modificada en 2010. La aplicación de esa ley a causas mapuche fue cuestionada en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fallo del caso Norín Catrimán y otros vs. Chile. Ese fallo determinó que ocho dirigentes y comuneros mapuche –entre ellos un dirigente de la CAM– habían sido juzgados de forma discriminatoria bajo esa ley.

Este tipo de comunicados de adjudicación de ataques a faenas forestales se repitió de forma recurrente en la Araucanía y el Biobío desde mediados de la década de 2010. Esto ocurrió en el marco del conflicto por tierras entre comunidades mapuche, empresas forestales y el Estado chileno. Organizaciones empresariales del sector forestal han contabilizado, en sus propios informes anuales, decenas de ataques similares por año en la región durante ese período.

La empresa Anchile, uno de los blancos de estos ataques, es una compañía forestal con operaciones en la región de Los Ríos. Es más pequeña que los grandes grupos forestales Mininco (Matte) y Arauco (Angelini). Sin embargo, en años posteriores a este episodio también fue blanco de otras acciones similares reivindicadas por organizaciones mapuche de la zona.

No se registran antecedentes públicos de que alguna persona haya sido identificada o condenada judicialmente por los tres hechos reivindicados en este comunicado de enero de 2018.

La Corporación Chilena de la Madera (CORMA) es el gremio que agrupa a las principales empresas forestales del país. En sus informes anuales, contabilizó varias decenas de atentados incendiarios contra faenas forestales cada año durante la segunda mitad de la década de 2010. Las pérdidas económicas se estimaron en millones de dólares. El gremio ha usado estas cifras reiteradamente para exigir al Estado mayor despliegue policial y penas más severas para este tipo de hechos.

Rafael Nahuel, el activista mapuche cuya muerte se cita en el comunicado como uno de los motivos de estos ataques, murió el 25 de noviembre de 2017 en Bariloche, Argentina. Murió por un disparo de un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval argentina, durante el desalojo de un predio ocupado por la comunidad Lafken Winkul Mapu, a la que el gobierno argentino de entonces vinculó con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) –una relación que la comunidad y otros analistas disputaron. El caso generó una fuerte repercusión binacional. Fue citado, como en este comunicado, por organizaciones mapuche de ambos lados de la cordillera como ejemplo de una represión coordinada contra el movimiento territorial mapuche.

La provincia de Osorno marca en cierto modo el límite sur del conflicto forestal más intenso, que se concentra tradicionalmente en la Araucanía y el Biobío. Ahí se ubica la comuna de Río Negro, una de las afectadas por estos ataques. Ataques como este demostraron, según análisis de la época, una expansión geográfica del repertorio de acciones directas de organizaciones como la CAM hacia comunidades huilliche de la región de Los Lagos.