El contexto de esta columna de opinión
Columna de opinión publicada originalmente el 24 de octubre de 2019, seis días después del inicio del "estallido social" chileno, denunciando prácticas de censura en redes sociales contra medios independientes que cubrían las protestas.
El texto sostenía que el gobierno de Sebastián Piñera habría promovido una estrategia de restricción del alcance de publicaciones en redes sociales sobre las protestas. También sostenía que medios digitales independientes –incluido werken.cl– habrían visto reducida la difusión de sus contenidos sobre las manifestaciones en Chile y en el Wallmapu.
Lo que sí está confirmado sobre el estallido
El estallido social de octubre de 2019 es, en efecto, uno de los episodios de mayor documentación en materia de violaciones a los derechos humanos en la historia reciente de Chile. Informes posteriores del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch confirmaron cientos de personas con lesiones oculares por el uso de perdigones y balines de parte de Carabineros. También documentaron denuncias verificadas de torturas, violencia sexual y muertes durante manifestaciones y detenciones. Ese contexto llevó a la instalación de estados de excepción y toques de queda en distintas regiones del país.
Las denuncias que no cuentan con verificación
Las afirmaciones más específicas de esta columna, sin embargo, no cuentan con verificación independiente documentada en fuentes periodísticas o técnicas disponibles. Entre ellas está la desconexión deliberada de antenas de telecomunicaciones para restringir el acceso a internet durante las protestas, o una orquestación algorítmica coordinada por el gobierno para limitar la circulación de videos de represión. Empresas de telecomunicaciones chilenas no confirmaron públicamente cortes deliberados de señal vinculados a instrucciones gubernamentales durante ese período.
Sí está documentado, en cambio, que distintas plataformas de redes sociales aplicaron de forma global –no específicamente dirigida a Chile– políticas de moderación de contenido gráfico o violento. Esas políticas en ocasiones removieron o limitaron la circulación de videos de represión policial. Es un fenómeno reportado también en otros países durante protestas masivas de la misma época, que suele confundirse con censura estatal deliberada sin serlo necesariamente.
El proceso constituyente y la prensa
El "estallido social" derivó, en los meses siguientes, en un acuerdo político para iniciar un proceso constituyente. Ese proceso culminó en dos plebiscitos sobre una nueva Constitución (2026 y 2026), ambos rechazados por la ciudadanía, y dejó vigente la Constitución de 1980 reformada.
Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones internacionales de libertad de prensa documentaron, durante el estallido social, agresiones físicas directas de Carabineros contra periodistas y camarógrafos, incluidas heridas oculares por perdigones sufridas por reporteros gráficos identificados como tales. Es un fenómeno distinto, pero relacionado con las denuncias de censura en redes sociales planteadas en esta columna, y mucho mejor documentado con evidencia verificable de forma independiente.
El seguimiento institucional posterior
El propio Instituto Nacional de Derechos Humanos abrió, durante el estallido social, una plataforma de seguimiento en tiempo real de denuncias de violaciones a los derechos humanos. Esa plataforma llegó a contabilizar miles de acciones judiciales por parte del organismo contra agentes del Estado. Fue la mayor cantidad de querellas presentadas por el INDH en un período equivalente desde su creación en 2010.
El propio Congreso chileno constituyó, en los meses posteriores al estallido social, una comisión investigadora sobre violaciones a los derechos humanos durante ese período. La comisión recogió testimonios de víctimas, organizaciones sociales y autoridades policiales. Su informe final documentó de forma extensa el uso desproporcionado de la fuerza, aunque no llegó a confirmar de forma independiente las denuncias específicas de censura digital planteadas por medios como el de esta columna.
La coexistencia, en un mismo período de seis días de protestas, de violaciones a los derechos humanos ampliamente verificadas y de denuncias de censura digital sin verificación independiente ilustra una dificultad recurrente. Esa dificultad es propia del periodismo y la investigación histórica sobre el estallido social: distinguir, en tiempo real, qué proporción de lo denunciado corresponde a hechos comprobables y cuál a percepciones o interpretaciones no confirmadas. Eso no resta gravedad a lo que sí quedó demostrado.