El rechazo de la comunidad de Temucuicui
En junio de 2016, el longko Víctor Queipul, de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, rechazó públicamente el proyecto de parque eólico Los Trigales. El proyecto contemplaba la instalación de 43 aerogeneradores en la comuna de Ercilla, en pleno territorio ancestral mapuche. Según Queipul, la autoridad municipal y la empresa no habían cumplido con la obligación de consulta previa a las comunidades indígenas establecida por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
"Nos vamos a oponer como sea a la construcción. Sabemos que el territorio está militarizado y pueden construirla por la fuerza, pero como comunidad estamos dispuestos a impedirlo", declaró Queipul en esa oportunidad, según quedó registrado en la cobertura de la época. Agregó que el rechazo al proyecto no se limitaba a su comunidad, sino que se extendía a otras comunidades y a vecinos no mapuche de la zona.
El proyecto y la resistencia posterior
El proyecto Los Trigales, con una inversión estimada de 290 millones de dólares, fue aprobado ambientalmente de forma unánime por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Araucanía. Comunidades mapuche de la zona continuaron oponiéndose a su construcción en los años siguientes. En febrero de 2021, integrantes de la Comunidad Autónoma de Temucuicui expulsaron a una empresa subcontratista que había comenzado trabajos de sondaje de suelo en el sector de Pailahueque. En mayo de ese año se realizó una nueva reunión entre la empresa y comunidades del territorio para intentar destrabar el conflicto.
El municipio de Ercilla, por su parte, condicionó en su momento el otorgamiento del permiso municipal a un compromiso de compensación económica anual para la comuna, durante los cerca de 30 años de vida útil estimada del proyecto. Esa exigencia reflejaba tanto el interés fiscal local como la magnitud de la resistencia comunitaria al proyecto.
El Convenio 169 de la OIT y la consulta previa
El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile en 2008, establece la obligación de realizar una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas ante medidas administrativas o proyectos de inversión que puedan afectarlos directamente. Organizaciones mapuche han señalado de forma reiterada que ese proceso de consulta, en la práctica, se ha aplicado de forma tardía o insuficiente en proyectos energéticos de la Araucanía. El caso de Los Trigales fue uno de ellos.
No hay registro público que confirme si el parque eólico Los Trigales llegó finalmente a construirse y operar, ni si la oposición sostenida de las comunidades de Ercilla logró detener el proyecto de forma definitiva.
Energía renovable y conflicto territorial
Chile impulsó desde mediados de la década de 2010 una expansión sostenida de proyectos de energía eólica y solar, como parte de sus compromisos internacionales de reducción de emisiones y diversificación de la matriz energética. Esa política, en la práctica, llevó a un número creciente de proyectos renovables a buscar terrenos en regiones como la Araucanía. Esta zona tiene vientos favorables para la generación eólica, pero también una alta concentración de comunidades mapuche y conflictos territoriales preexistentes.
Ese cruce entre la política energética nacional y el conflicto territorial mapuche generó, según académicos que han estudiado el fenómeno, una paradoja. Proyectos presentados públicamente como parte de la transición energética hacia fuentes limpias enfrentaron un rechazo similar al históricamente dirigido contra proyectos hidroeléctricos o forestales. Las comunidades los percibieron como una nueva forma de intervención externa sobre su territorio sin consulta adecuada, más que como una diferencia sustantiva de impacto ambiental o cultural.
La comuna de Ercilla, además del proyecto Los Trigales, ha sido considerada en distintos momentos para otros proyectos de infraestructura energética. Esto se debe a su ubicación estratégica cerca de la Ruta 5 Sur y a las condiciones de viento de la zona. Organizaciones mapuche locales han advertido sobre un riesgo de acumulación de proyectos –forestales, policiales y ahora energéticos– sobre un mismo territorio ya intensamente disputado.