El operativo en la sede de María Colipi
El jueves 3 de marzo de 2016, un operativo del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros irrumpió en una sede social de la comunidad María Colipi Viuda de Maril, en el sector de Curapaillaco, comuna de Tirúa, región del Biobío. El operativo ocurrió mientras un grupo de personas de la comunidad se encontraba en una reunión. Según la denuncia de la comunidad, recogida en la cobertura de la época, los efectivos dispararon perdigones a quema ropa contra las personas presentes.
Como resultado del operativo, Hernán Paredes Puen, uno de los voceros de la comunidad, resultó herido con perdigones en distintas partes del cuerpo y fue hospitalizado en el hospital de Curanilahue. Junto a él fue detenida Fernanda Yebilao. Ambos permanecieron privados de libertad a la espera de su audiencia de formalización ante el Juzgado de Garantía de Cañete, programada para el día siguiente.
La denuncia de la comunidad sobre el procedimiento
Según la denuncia de la comunidad, los efectivos del GOPE no exhibieron en ningún momento una orden de allanamiento judicial que justificara el ingreso a la sede social. El operativo, además, se desarrolló con la presencia de niños de la comunidad, que se encontraban participando de las actividades sociales al momento de la irrupción policial.
Tirúa, la comuna donde ocurrió este episodio, forma parte de la provincia de Arauco. Ha sido escenario histórico de un intenso proceso de recuperación de tierras por parte de comunidades mapuche lafkenche, en un territorio con fuerte presencia de plantaciones forestales industriales. Eso ha derivado en una escalada sostenida de operativos policiales de control territorial a lo largo de más de una década.
El GOPE y el uso de perdigones
El Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) es una unidad táctica de Carabineros de Chile especializada en operativos de alto riesgo. Su presencia recurrente en comunidades mapuche de la Araucanía y el Biobío ha sido documentada y cuestionada por organizaciones de derechos humanos, como una forma de militarización desproporcionada frente al tipo de reuniones sociales o comunitarias que suele intervenir.
El uso de perdigones en operativos de este tipo –proyectiles de menor letalidad que una bala convencional, pero capaces de causar heridas graves a corta distancia– fue documentado de forma reiterada en el conflicto mapuche de la Araucanía y el Biobío durante la década de 2010. Más tarde, a una escala mucho mayor, se documentó durante el estallido social de 2019 en todo Chile.
El seguimiento judicial y del INDH
Ningún archivo público certifica cómo terminaron las causas judiciales abiertas contra Hernán Paredes Puen y Fernanda Yebilao tras este operativo de marzo de 2016.
Operativos de esta naturaleza, con presencia de menores de edad y sin exhibición de orden judicial según las denuncias de las propias comunidades, formaron parte de un patrón que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) documentó de forma sistemática en esos años. Solo durante 2017, el organismo presentó 12 querellas y siete recursos de amparo por presuntas vulneraciones de derechos cometidas por Carabineros en la Araucanía, cinco de los cuales involucraban directamente a niños. Ese mismo año publicó un informe de 210 páginas sobre función policial y orden público, que advirtió sobre el uso desmedido de la fuerza en manifestaciones y operativos en la región. En casos posteriores, el propio INDH terminó actuando como querellante en juicios que resultaron en condenas contra funcionarios de Carabineros. Fue un rol que el organismo mantuvo de forma sostenida en la región durante los años siguientes a este episodio de Tirúa. Se trataba de comunas que, como esta, combinaban una fuerte presencia de plantaciones forestales industriales con procesos activos de recuperación territorial por parte de comunidades mapuche lafkenche. Ese cruce de factores las convirtió en foco recurrente de operativos policiales durante toda la década.