La detención de agosto de 2018
El 16 de agosto de 2018, el lonko de la Alianza Territorial Mapuche (ATM) Alberto Curamil y el comunero Álvaro Millalén, del Lof Pewenko, quedaron en prisión preventiva. Fueron formalizados por la Fiscalía de Alta Complejidad ante el Tribunal de Garantía de Lautaro, que decretó seis meses de investigación. Ambos habían sido detenidos el día anterior en allanamientos simultáneos a comunidades mapuche del territorio Wenteche, en la comuna de Curacautín. La detención estaba vinculada a un asalto a la Caja de Compensación Los Héroes ocurrido en Galvarino el 24 de abril de ese mismo año.
La denuncia policial que originó la investigación se basó en información entregada de forma anónima, al igual que los testigos que la respaldaban inicialmente. El vocero de la ATM, Mijael Carbone, declaró en ese momento que la organización demostraría que Curamil y Millalén se encontraban en otra ciudad al momento de los hechos. Calificó la detención como un nuevo montaje policial contra un dirigente que, según destacó, participaba activamente en movilizaciones de apoyo a los machis Celestino Córdova y Francisca Linconao.
El juicio oral en Temuco
El juicio oral, realizado en Temuco a lo largo de poco más de un mes, no logró establecer evidencia que vinculara a los acusados con el hecho. Ninguno de los registros audiovisuales del día del asalto permitió identificar a los autores. Tampoco se encontró coincidencia de ADN entre los perfiles recuperados en la escena y los de los cuatro imputados. Un testigo clave, cuya identidad fue protegida, declaró en el juicio no reconocer a ninguno de los acusados como los responsables del asalto.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco absolvió finalmente a Alberto Curamil y a los demás acusados en diciembre de 2019, por decisión unánime. Llevaban 16 meses en prisión preventiva desde su detención de agosto de 2018.
El Premio Goldman en medio de la prisión preventiva
Meses antes de esa absolución, en abril de 2019, Curamil había sido reconocido con el Premio Goldman –considerado el "Nobel ambiental"– por su liderazgo en la oposición a proyectos hidroeléctricos en el río Cautín. No pudo recibir el premio personalmente en la ceremonia de San Francisco, debido a que en ese momento permanecía en prisión preventiva por este mismo caso de Galvarino.
Un patrón de casos similares
El caso de Curamil se sumó, en el análisis de organizaciones de derechos humanos como Front Line Defenders, a un patrón de procesos judiciales contra dirigentes mapuche de perfil público basados en pruebas que, al ser examinadas en juicio oral, no lograron sostenerse. Ese mismo patrón se documentó en el caso de la Operación Huracán, resuelto judicialmente en enero de 2026 con la condena de los oficiales que fabricaron pruebas contra otro grupo de dirigentes mapuche en 2017.
Organizaciones de derechos humanos y ambientales que siguieron el caso señalaron que la detención de Curamil en 2018 ocurrió en un momento particular. Su liderazgo en la oposición a proyectos hidroeléctricos en el río Cautín –la razón central por la que sería reconocido meses después con el Premio Goldman– había ganado visibilidad pública creciente. Esa coincidencia temporal alimentó las denuncias de la Alianza Territorial Mapuche sobre un posible móvil político detrás del proceso, más allá del mérito estrictamente probatorio del caso, que terminó siendo desestimado en juicio.
Curamil tras su absolución
Curamil ha continuado, tras su absolución de 2019, su trabajo de liderazgo territorial y ambiental en la zona de Curacautín. Participa en instancias de defensa del río Cautín y de otros cursos de agua de la Araucanía frente a nuevos proyectos de infraestructura energética. Organizaciones internacionales de derechos humanos han seguido documentando ese rol como parte de su trayectoria pública tras el caso de Galvarino. Su absolución de 2019 se cita con frecuencia como precedente en debates sobre el uso de pruebas anónimas en causas judiciales contra dirigentes mapuche.