El traslado a Santiago y la denuncia de su esposa
El 18 de enero de 2015, el comunero mapuche Guido Curihuentro Millaleo fue trasladado desde el Hospital Hernán Henríquez de Temuco hacia el Hospital El Salvador de Santiago, para ser intervenido en el Centro de Trauma Ocular. Había sido baleado por un guardia de fundo en la comuna de Freire a comienzos de ese mes. Posteriormente fue trasladado al Hospital Penal de Santiago. Allí, su esposa, la machi Denis Márquez Catrifol, denunció condiciones de reclusión que consideró inadecuadas para su estado de salud.
En un comunicado público, Márquez relató que pudo ver a su esposo por apenas diez minutos tras el traslado. Dijo que el recinto no reunía las condiciones médicas necesarias, dado que Curihuentro había estado en la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI) en Temuco antes de ser trasladado. Según su testimonio, se le negó además la posibilidad de hablar con el oficial jefe de la unidad penal para plantear su preocupación.
La detención y el disparo en Freire
Curihuentro había sido detenido el 1 de enero de 2015, tras el episodio en el que resultó herido de bala por parte de un guardia privado del predio en Freire. Esta es una comuna de la provincia de Cautín, con una proporción significativa de población mapuche y presencia de predios agrícolas y forestales de mediana escala.
El uso de guardias privados armados en predios agrícolas y forestales en zonas de conflicto territorial mapuche –a diferencia de la seguridad policial estatal, presente principalmente en predios de las grandes forestales– ha sido señalado por organizaciones mapuche como una fuente adicional de episodios de violencia armada contra comuneros. Ese uso ocurre en un vacío regulatorio sobre el empleo de la fuerza por parte de personal de seguridad privada en contextos de disputa territorial.
El rol de la machi Denis Márquez Catrifol
Una machi, como Denis Márquez Catrifol, es la máxima autoridad espiritual y de sanación tradicional dentro de la cultura mapuche. Su rol como vocera pública en la denuncia de las condiciones de reclusión de su esposo refleja un patrón repetido en el conflicto mapuche. En ese patrón, familiares con autoridad tradicional o comunitaria asumen la vocería pública de casos individuales de violencia o vulneración de derechos.
Los registros públicos disponibles no detallan el desenlace médico final de Guido Curihuentro ni el resultado de la causa judicial asociada a su detención de enero de 2015.
El traslado de pacientes mapuche desde la Araucanía
El traslado de comuneros mapuche heridos o enfermos desde hospitales regionales de la Araucanía hacia centros de mayor complejidad en Santiago –como ocurrió con Guido Curihuentro– ha sido una práctica recurrente. Ocurre cuando la lesión requiere una especialidad médica no disponible en la red pública regional. En la práctica, esto genera una carga adicional para las familias, que deben trasladarse ellas mismas cientos de kilómetros para visitar a sus parientes detenidos.
El Hospital Penal de Santiago, recinto al que fue trasladado Curihuentro, es la unidad especializada de Gendarmería de Chile para la atención médica de personas privadas de libertad que requieren tratamiento hospitalario. Ha sido objeto, en distintos períodos, de críticas de organismos de derechos humanos por sus condiciones de infraestructura, no exclusivamente en casos relacionados con el conflicto mapuche.
El costo familiar de la distancia
Machis y otras autoridades espirituales mapuche han jugado, en episodios como este, un rol que trasciende lo estrictamente religioso. Al asumir la vocería pública de un familiar detenido o herido, aportan a la denuncia una autoridad moral reconocida dentro de la comunidad. Organizaciones mapuche han usado ese recurso de forma reiterada como estrategia de comunicación en casos individuales de violencia o vulneración de derechos durante el conflicto territorial.
La distancia entre Temuco y Santiago –más de 650 kilómetros– implicaba, para la familia de un detenido trasladado como Curihuentro, un costo económico y logístico considerable para poder visitarlo. Organizaciones de apoyo a presos mapuche identificaron de forma reiterada esa carga adicional como un obstáculo práctico al derecho de mantener contacto familiar durante la reclusión.