El traslado de urgencia al hospital de Angol
El 25 de abril de 2015, dos presos mapuche recluidos en la cárcel de Angol –Miguel Toro Marín y Cristián Levinao– fueron trasladados de urgencia al hospital de la ciudad. Sufrieron una descompensación de salud, en el marco de una huelga de hambre que ese día cumplía 34 días.
Los cuatro presos en huelga –Cristián Melinao, Luis Marileo, Miguel Toro y Claudio Huentecol– cumplían condena por causas relacionadas con procesos de recuperación de tierras de sus comunidades. Exigían la revisión de sus medidas cautelares y del régimen de reclusión.
40 días sin alimentos y sin respuesta oficial
Para el 1 de mayo de 2015, los cuatro huelguistas llegaban a 40 días sin ingerir alimentos. Informes médicos advertían un deterioro significativo de su salud por la pérdida de peso sostenida, dolores musculares y óseos, problemas renales y mareos. Según sus voceros, hasta esa fecha ninguna autoridad de gobierno se había pronunciado directamente sobre sus demandas.
Antecedente: la huelga de Celestino Córdova en 2010
Esta huelga se sumó a una serie de protestas similares protagonizadas por presos mapuche en distintas cárceles del sur de Chile durante la década de 2010. Entre ellas destacó la del machi (autoridad espiritual) Celestino Córdova, en huelga de hambre en 2010 junto a otros comuneros, por un período que superó los 80 días. Ese episodio motivó gestiones de mediación de la Iglesia Católica y llevó al Congreso a discutir modificaciones a la aplicación de la Ley Antiterrorista en causas mapuche.
El dilema médico y el desenlace de la huelga
La huelga de hambre como forma de protesta plantea, desde el punto de vista médico y legal, un dilema recurrente en Chile. La ley no contempla la alimentación forzada de un huelguista adulto que rechaza voluntariamente los alimentos. Esto ha llevado al Colegio Médico de Chile a fijar protocolos éticos –basados en la Declaración de Malta de la Asociación Médica Mundial– que priorizan la autonomía del paciente por sobre la intervención médica no consentida, incluso en escenarios de riesgo vital.
Según registros de prensa de la época, la huelga de Angol de 2015 se extendió por varias semanas más tras el 1 de mayo antes de concluir. Fue un desenlace que combinó gestiones de mediación y compromisos parciales sobre la revisión de las causas de los huelguistas. Los registros públicos disponibles no detallan con precisión el resultado final de cada una de sus demandas específicas.
Un patrón de prisión preventiva prolongada
Informes del INDH de mediados de la década de 2010 documentaron que una parte significativa de los presos identificados como "políticos mapuche" en cárceles como la de Angol permanecía en prisión preventiva prolongada, en algunos casos por más de un año, antes de una sentencia definitiva. Organismos de derechos humanos consideraron ese uso de la medida cautelar desproporcionado frente a los delitos imputados. Estos estaban mayoritariamente relacionados con ocupaciones de tierras y daños a la propiedad forestal, no con delitos contra las personas.
El propio machi Celestino Córdova, cuya huelga de 2010 se menciona como antecedente, volvió a protagonizar una huelga de hambre en 2021. Esta vez exigía un permiso para salir de la cárcel de Temuco y realizar un rewe (ceremonia espiritual) por la pandemia. Un tribunal de familia terminó autorizando parcialmente esa solicitud, en un episodio que renovó el debate público sobre las condiciones de reclusión y las necesidades espirituales de los presos mapuche en el sistema penitenciario chileno.
La Defensoría Penal Pública, que representó a varios de los presos mapuche en huelga durante este tipo de episodios, ha señalado en presentaciones judiciales que la prolongación de una huelga de hambre por más de 30 días conlleva riesgos médicos serios y de difícil reversión. En la práctica, esto ha llevado a jueces de garantía a considerar el estado de salud de los huelguistas como un antecedente relevante al resolver solicitudes de revisión de medidas cautelares en curso.